Más de 1,000 hectáreas de páramo destruidas en Buga. Las autoridades investigan manos criminales e intereses económicos detrás del fuego en Las Hermosas. Conoce la alarmante situación. Imagen de incendio en el páramo de Las Hermosas en zona rural de Guadalajara de Buga-Colombia. Foto: Bomberos de Buga.
BUGA, Colombia — El silencio en la alta montaña del Parque Nacional Natural Las Hermosas no lo interrumpe el viento, sino el crujido persistente de la tierra que se quema.
En el sector de La Mesa - Río Loro, el paisaje que solía ser un refugio de niebla y agua hoy es un escenario gris, cubierto por una densa capa de humo.
Un grito de auxilio, un SOS urgente, resuena desde las comunidades rurales de Buga hasta los despachos oficiales: los incendios forestales están destruyendo los ecosistemas estratégicos del país, y la evidencia apunta a que el fuego no empezó solo.
La alarma cobró fuerza definitiva con las declaraciones del capitán Harold Humberto Alzate Tejada, presidente de la Federación Nacional de Bomberos de Colombia y comandante del cuerpo local de Buga.
Su diagnóstico es grave y directo. No se trata únicamente de una crisis climática alimentada por la intensa sequía y los efectos del fenómeno de El Niño. Detrás de las llamas, según las autoridades, operan manos criminales.
El humo se extiende y las llamas se propagan en la zona de páramo de Buga-Colombia. Foto tomada de caracol.com.co
Este drama local forma parte de una tragedia nacional que devora los santuarios naturales de Colombia de manera inexplicable.
En el departamento del Tolima, el fuego ya consumió más de 30,000 hectáreas. En Cali, las llamas devoraron 70 hectáreas en los Altos de Menga; en la histórica Villa de Leyva, la cifra supera las 290 hectáreas; mientras tanto, el Parque Nacional Natural Isla de Salamanca sufre incendios constantes que ahogan la costa del Caribe.
Una batalla desigual contra la geografía
En Buga, la emergencia en la zona rural alta completó más de 45 días activa. Es un ciclo de reactivaciones intermitentes donde el viento actúa como el mejor aliado del fuego. Para los bomberos, el terreno es el primer gran enemigo.
El capitán Alzate explicó que las cuadrillas terrestres deben realizar trayectos de hasta siete horas —combinando vehículos automotores y largas caminatas a pie— solo para llegar a la base de los focos principales.
A esa altitud, las soluciones tradicionales resultan inútiles. Expertos de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional descartaron el uso del sistema Bambi Bucket —los helicópteros equipados con grandes bolsas de agua— debido a la extrema altitud y las condiciones atmosféricas de la zona de páramo.
La tecnología debe cambiar de rumbo: ahora se gestionan sobrevuelos especializados con cámaras térmicas para localizar los puntos de calor subterráneos y guiar con precisión los pasos de los brigadistas en el suelo.
El costo ambiental de esta emergencia ya es incalculable. Más de 1,000 hectáreas de ecosistema estratégico han desaparecido. Entre las cenizas quedan los frailejones, plantas milenarias esenciales para la producción de agua dulce, y se destruye el hábitat de especies en peligro de extinción, como el oso de anteojos.
Ambición material y vacíos legales
¿Quién se beneficia del fuego?
La sospecha colectiva apunta a la especulación de tierras y al desarrollo de actividades productivas ilegales en áreas de reserva natural. Modificar la condición de un santuario protegido mediante la destrucción de su biodiversidad parece ser la estrategia de terceros interesados en expandir la frontera agrícola o ganadera, un objetivo que persiguen a un costo devastador para las fuentes hídricas de la región.
Ante la magnitud de la crisis, el capitán Alzate hizo un llamado urgente para articular un frente común entre la Alcaldía de Buga, la Gobernación del Valle del Cauca y los cuerpos de socorro de otras regiones del país. Sin embargo, la emergencia también ha expuesto tensiones sociales.
En la vereda El Placer, el Comité Campesino local promovió de forma pública la creación de una subestación de bomberos comunitaria.
La respuesta institucional fue contundente: el comando advirtió que la atención de desastres requiere de procesos legales, técnicos y de capacitación formal estrictos, regulados por la ley colombiana, que no pueden dejarse al azar del entusiasmo comunitario.
La justicia colombiana contempla sanciones severas para quienes provocan estos desastres.
Las leyes actuales tipifican estas acciones como delitos contra los recursos naturales y ecocidio. Las personas capturadas enfrentan penas de entre 6 y 13 años de prisión, las cuales pueden aumentar hasta los 22 años si se demuestra un vínculo con actos terroristas o grupos armados organizados, además de multas económicas millonarias.
Mientras las investigaciones avanzan para identificar a los responsables, los bomberos de Buga continúan ascendiendo la montaña.
En la cumbre de Las Hermosas, la lucha actual no es solo contra las llamas que devoran la vegetación, sino contra el tiempo y la ambición humana que amenazan con secar las reservas de agua del futuro.






















