Las extorsiones azotan comercio y viajeros en frontera colombo venezolana en lugares como es el paso entre el municipio de Puerto Santander y la Boca de la Grita en el Estado venezolano del Táchira.
De esta manera las expectativas que se tenían para la reactivación económica en esta regíón de Colombia, con la nueva apertura del paso fronterizo, se han visto frustradas y en lugar de verse incrementadas las ventas de productos y servicios para los comerciantes de estas localidades, por el contrario se han disminuido por lo que al parecer es el acoso extorsivo a los comerciantes y a quienes deben pasar de un lado al otro de cada país con víveres y otras compras, debido a las extorsiones o llamados "peajes" que deben entregar a los grupos delincuenciales que hacen presencia en estos puntos.
Son así varios los sitios, además del citado, en donde aparecen los retenes exigiendo el pago de coimas para permitir el libre tránsito y el traslado de los artículos y sobre todo víveres de primera necesidad.
Se han recogido diferentes testimonios de personas, cuyos nombres han permanecido en secreto por prevención de posibles represalias de estos grupos, dado que varias de ellas deben asiduamente pasar de un punto de la frontera al otro.
Entre lo que se ha dado a conocer en medios de prensa, en las acciones extorsivas se señala a la organización criminal autodenominada como el "Tren de Aragua", la cual ha venido imponiendo sus condiciones. Este es un grupo delincuencial surgido en Venezuela en el Centro Penitenciario de Aragua, también conocido como cárcel de Tocorón, y, tomó este nombre debido a que antes de ser una banda criminal, sus primeros miembros fueron los fundadores en el año 2002 de un sindicato en una construcción ferroviaria en Aragua que nunca se concretó.
Las extorsiones son llevadas a cabo a través de una amplia red de colaboradores que actuan como los responsables de ejercer los cobros extorsivos a los diferentes comerciantes y viajeros en las localidades fronterizas con Venezuela en el nororiente de Colombia.
El entramado delictivo se encuentra tan bien organizado que las personas son abordadas por personas que hasta llegan a determinar el tipo de artículos que llevan al interior de sus maletas, exigiendo cobros que van desde los 5 dólares, unos $20.000 pesos colombianos, hasta los 50 dólares,(unos $200.000 pesos), entregándoles una contraseña que deben entregar a cada uno de sus contactos durante el camino que se recorre para que se les respete su integridad, algo que de manera insólita es realizado casi a la vista de las mismas autoridades colombianas y venezolanas.
Dentro de las manifestaciones de rechazo publicadas en redes sociales, se cuentan situaciones que reflejan el calvario de los viajeros entre los dos países, cuyo pago extorsivo, tampoco se detiene al cancelar la extorsión al citado grupo, sino que también más adelante en otros controles se encontrarían ciertos funcionarios que exigirían el pago de otro llamado impuesto que se cobraría de forma irregular, sobre todo, según lo expuesto, dentro del territorio venezolano.
La desesperante situación ha hecho que muchos viajeros, especialmente venezolanos que salen de su país y que también ingresan a el con sus equipajes y compras hechas en Colombia, prefieran tomar por trochas para evadir a los miembros del grupo criminal y a los mismos funcionarios de control fronterizo.