Bosques en Rumania.Foto de Gloria García.
El derecho a un ambiente sano es ya un derecho universal,según lo establece la nueva resolución de la Asamblea General de las Naciones, luego de contar con 161 votos de aprobación de los representantes de los países miembros frente a ocho en contra que fueron: Rusia,China,Bielorusia,Camboya,Irán,Kirguistán,Siria y Etiopía.
La declaración que se dio a mediados del 2022 es un salto de garrocha en la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos.
Esta declaración es trascendental en cuanto ubica el derecho al ambiente sano como prioridad, en el mismo rango de los otros derechos humanos, como es el derecho a la vida.
En este sentido lo que antes era considerado como de interpretación subjetiva para cada gobierno, en la medida que podrían prevalecer criterios de productividad industrial y dividendos financieros en materia de tributación,crecimiento,económico y desarrollo, entrega ahora una llamado con carácter de obligatoriedad para que los gobiernos de cada nación adopten políticas de Estado permanentes y realicen los mayores esfuerzos en función de garantizar un ambiente sano para la población.
La resolución implica la atención de tres ámbitos: cambio climático,pérdida de la biodiversidad y contaminación ambiental.
Temas que se convierten de abordaje impostergable dado el acelerado deterioro que se ha dado en las últimas dos décadas en los diferentes ecosistemas, con la casi desaparición de varias especies de fauna y flora silvestre,el agotamiento de fuentes de agua dulce,la contaminación del aire y el recalentamiento del planeta con la emisión de gases efecto invernadero que tienen a la humanidad al borde de un colapso planetario si no se toman con urgencia medidas que desaceleren este proceso.
En este orden de ideas, así la Organización de las Naciones Unidas a través de sus organismos no se pueda involucrar en el tema sancionatorio de cada país, si de forma colateral podrán darse acciones de presión internacional que se ven reflejadas en las actividades comerciales con vetos para las naciones que dejen de ser respondables con las medidas de control para el aparato industrial y empresas que carezcan de responsabilidad medio ambiental.
En el caso de algunos países de la Unión Europea, de años atrás se han establecido medidas más rigurosas con los alimentos que ingresan, poniendo en exigencia el que su producción sea con base en elementos orgánicos,desechando los químicos que se ha demostrado son nocivos para la salud.
El pasar por alto estas medidas puede acarrear sansiones que recaen sobre los Estados que corren el riesgo de ver bloqueadas sus exportaciones.
Esta nuevo derecho tiende a generar un empoderamiento de las comunidades al interior de cada país, que antes eran muchas veces convidados de piedra y debian soportar los hechos del notable deterioro de su medio ambiente con la instalación de factorías,plantas industriales y proyectos productivos carentes de estudios de impacto ambiental serios y sin socialización previa con los habitantes.
De acuerdo a uno de los voceros de la ONU: "la resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales,a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas,especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables,como los defensores humanos medioambientales,los niños,los jóvenes,las mujeres y los pueblos indígenas".
Uno de los aspectos importantes es que la resolución dinamiza las acciones de preservación de los ambientes sanos, haciendo que los gobiernos desarrollen los marcos legales y compromisorios para poner en marcha las iniciativas que amparen el derecho a un ambiente sano.