INQUIETANTES SOBRE AMENAZA A LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por Marco Antonio Reyes Tomado informe Fecolper
El
temor ante el retorno a la época de frecuentes asesinatos a periodistas
ensombrece esta celebración mundial y nuevamente pone sobre el tapete la
reflexión sobre la seguridad a la hora de informar.
En el Día Mundial de la Libertad de Expresión,
la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, quiere llamar la atención
sobre la persistencia del riesgo para ejercer la tarea informativa, pese a los
avances en normatividad y seguridad, manteniendo el oficio periodístico como
uno de los más peligrosos.
La
sociedad colombiana aún no ha dimensionado el fundamental papel que cumplen los
periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en coyunturas como las
negociaciones entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, o el descubrimiento de los vínculos
de amplios sectores de la política nacional y departamental en casos de
corrupción o como parte de las estructuras criminales del narcotráfico.
Este
abandono del gremio periodístico aumenta su vulnerabilidad frente a los
intolerantes, a la vez que en algunos casos fomenta el desconocimiento de sus
derechos laborales por parte de los propietarios de medios de comunicación.
Entre
avances y retrocesos para los periodistas en Colombia
Análisis
de Libertad de Prensa 2007 – 2012
La Federación Colombiana de Periodistas,
FECOLPER, presenta un reporte y conclusiones del balance que ha hecho de los
últimos 5 años en torno a la seguridad para el ejercicio periodístico (Ver
informe completo aquí).
Dicho
documento parte del análisis regional de la situación de la libertad para
informar. Así, encontró que Antioquia, Cauca, Magdalena, Santander, Tolima,
Arauca, Valle del Cauca, son los departamentos del país que más han reportados
acciones violentas en contra de los periodistas y los medios de comunicación,
en los últimos cinco años. En éstos la presencia de las guerrillas, las bandas
criminales, el narcotráfico o la política, son los principales factores de
riesgo.
Por
otra parte, aborda temas como las conductas contra la vida, seguridad e
integridad física y moral de periodistas, el exilio del que son víctimas y
ataques contra los medios de comunicación.
Disminución
de asesinatos a periodistas pero persisten condiciones de riesgo.
Dos
días antes de la celebración mundial del día de la libertad de expresión, el
periodista Ricardo Calderón fue víctima de un atentado del que afortunadamente
salió ileso. Calderón, director de
investigaciones de la Revista Semana, ha develado preocupantes casos de
corrupción al interior de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que permite
inferir la autoría de estos hechos.
La
relevancia de este periodista, por pertenecer a un medio nacional y la calidad
de su trabajo, mereció inclusive pronunciamientos por parte del Presidente de
la República y el compromiso del Fiscal General de la Nación de adelantar una
investigación pronta para encontrar a los responsables.
Sin
embargo, la disminución de los homicidios a periodistas en los últimos años no
conlleva necesariamente a concluir una mejora absoluta en el respeto por la
libertad de informar.
Siguen
sucediendo casos de periodistas asesinados, amenazados y/o agredidos, lo mismo
que ataques frecuentes a instalaciones de medios de información, especialmente
comunitarios, por parte de poderes administrativos, políticos y económicos del
orden público y privado, del crimen organizado, o de los actores armados en
conflicto.
El
2011 y 2009 fueron los años críticos en términos de amenazas en contra de los
periodistas. En el 2011 se reportaron 67 amenazas, mientras en el 2009 se
registraron 47.
En
el periodo de análisis se pueden identificar como las principales fuentes de
amenaza a los periodistas el cubrimiento de noticias de orden público,
corrupción y los dos procesos electorales, el primero en el segundo semestre de
2007, para la elección de mandatarios locales y el segundo para la elección de
senado y cámara de representantes.
La
frecuencia e impunidad de este tipo de hechos ha venido acrecentando una
cultura de intolerancia hacia los informadores entre la misma ciudadanía, que
se cree con el derecho a dirigir con violencia verbal o física el sentido de la
información, o de ‘enderezarla’ cuando no se alinea a sus gustos e intereses.
Desde el 2007 FECOLPER ha registrado 25
periodistas asesinados, 13 intentos de homicidio y cerca de 243 amenazas.
Muchas
veces la intención es “notificar” al comunicador de la incomodidad que genera
su trabajo para los agresores, por lo que la agresión no llega hasta el
homicidio, pero el efecto de las amenazas o los intentos de homicidio es
devastador no sólo para la víctima directa sino para todo el gremio, que recibe
el mensaje como una advertencia para todos.
Por
su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que en los últimos tres años ha
recibido 25 quejas de periodistas y comunicadores por amenazas de muerte y 48
denuncias por conductas que vulneran sus derechos.
Estas
preocupantes cifras no permiten calificar a Colombia como un país seguro para
ejercer el periodismo. A lo anterior se suma la decisión de muchos
comunicadores de no denunciar, por temor o por considerar que esa es una
consecuencia lógica de su oficio, lo que necesariamente implica un subregistro
de las agresiones.
Ahora, más allá del reflejo estadístico de la
ausencia de denuncias, debe ponerse de relieve el efecto nocivo de esta
situación en el derecho de los ciudadanos a estar informados. Las presiones sobre los periodistas limitan
su capacidad de informar sobre temas relevantes para la sociedad y fomentan el
manto de impunidad con el que actúan los corruptos y violentos en Colombia.
Responsabilidades
En
un alto porcentaje, los responsables de las conductas criminales contra
periodistas son los grupos paramilitares, quienes pactaron su desmovilización
con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero que al parecer, resistiéndose a
perder el poder económico y militar que derivan del narcotráfico se reagruparon
ahora con etiquetas como el de “Águilas Negras”, y denominados por el gobierno
colombiano como “bandas criminales”-Bacrim, catalogándolas como grupos de
delincuencia común y negándose a reconocer su actividad en el conflicto.
Aunque
la Ley de Víctimas no reconoce a las Bacrim como actores del conflicto,
dificultando el reconocimiento de los sujetos de sus acciones como víctimas de
la violencia y la investigación de sus acciones, el Presidente de la República
dio la orden a la fuerza pública de enfrentarlas, creando de esta manera una
zona gris en cuanta la normatividad aplicable, especialmente la referida al
derecho internacional humanitario.
Debe
resaltarse grupos delincuenciales ya han arremetido contra periodistas, como
ocurrió en Ibagué, donde Juan Manuel Escobar sufrió amenazas.
Desafortunadamente
la fuerza pública tiene gran responsabilidad por acción en las conductas
restrictivas a la libertad de expresión.
Las
cifras manejadas por FECOLPER sobre detenciones ilegales en el periodo de
análisis de este informe, suman 20 acciones de este tipo en contra de
periodistas. Los responsables de estas detenciones y privaciones injustificadas
de la libertad están referidas a miembros de la fuerza pública.
En
el periodo de análisis se presentaron 183 hostigamientos o presiones de las
autoridades y funcionarios públicos para que no se lleve a cabo los
cubrimientos y las restricciones al acceso a los lugares donde se presentan
hechos noticiosos.
Impunidad,
un pendiente constante
La
declaratoria como crimen de lesa humanidad de delitos cometidos contra
periodistas, como el caso de Jineth Bedoya, si bien puede representar una
relevancia dada por el aparato judicial para la investigación de estos casos,
puede llevar al prolongamiento de términos cuyo efecto práctico es una dilación
sin términos del proceso penal.
Más
allá de hacer esta especial declaratoria, como crimen de lesa humanidad,
FECOLPER insta a los organismos de la rama judicial a garantizar la celeridad y
eficacia de las investigaciones penales.
Por
otra parte, FECOLPER reseña información recibida sobre presuntas
irregularidades en el caso de la periodista Maria Elena Salinas Gallego,
reportera de Radio Nutibara y profesora de la Facultad de Comunicaciones de la
Universidad de Medellín. El 5 de marzo del 2000 su cadáver fue hallado en el
lugar conocido como El Capotal, del municipio de San Carlos, departamento de
Antioquia. El Ejército aseguró que había muerto en combate y que era
guerrillera del ELN.
Además,
es necesario que la sociedad civil envuelva en la misma protección pedida para
los periodistas a los trabajadores de los medios.
Por
ello, debe recordarse casos como el de Héctor Sandoval Muñoz, camarógrafo de
RCN TV, y Walter Hayder López, conductor del mismo canal, quienes resultaron
afectados durante el cubrimiento al secuestro de los diputados de la Asamblea
del Valle del Cauca en el 2002, por el fuego cruzado entre soldados y miembros
de las FARC.
Protección
Aparte
del reconocimiento que merece la Unidad Nacional de Protección (UNP) por su
intención de superar las deficiencias del extinto Programa de Protección de
Periodistas del Ministerio del Interior, aún persisten deficiencias atribuibles
a excesivos trámites, términos prolongados para la adopción de decisiones y los
rezagos de la desconfianza sembrada por el proceder de liquidado Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, como espía de periodistas en lugar de
protectores de ellos.