Imagen de la emergencia en el centro migratorio de ciudad Juárez en México. Foto: EFE /latinus.us
La tragedia de migrantes en México acaecida en las instalaciones del Instituto Nacional Migratorio de Ciudad Juárez prende la alerta roja de una crisis migratoria masiva de personas hacia los EEUU.
El incendio producido el pasado 27 de marzo deja una cifra de al menos casi cuatro decenas de personas fallecidas y otras más afectadas, las cuales se encontraban retenidas en este centro migratorio, luego que las autoridades de este municipio en cabeza de su alcalde, ante la situación desesperada por el gran flujo migratorio, decidieran tomar medidas restrictivas con los migrantes que fueron llevados hasta este centro.
La conflagración se habría generado por la quema de un colchón por parte de algunos de los hombres recluidos, como protesta por su detención, y posterior deportación.
Las responsabilidades por el lamentable suceso exigen una exhaustiva investigación en donde los videos que quedaron grabados por las cámaras de seguridad aportan valiosos elementos para determinar el grado de responsabilidad de quienes pudieron evitar la tragedia abriendo vías de evacuación ante la presencia del fuego.
La ciudad de Juárez en territorio mexicano y la del Paso, al otro lado de la frontera en suelo estadounidense, registran un flujo migratorio descomunal que ha sobrepasado las cifras de los anteriores años, a tal punto que a 30 de septiembre del 2022 se había registrado un incremento del 24% respecto al año anterior.
Según datos oficiales más de dos millones de personas fueron detenidas intentando pasar hacia los EEUU de las cuales 500.000 son de nacionalidad venezolana, nicaragüense y cubana.
El número ha ido en un aumento exponencial, a tal punto que en diciembre del pasado 2022 un número de 251.483 que supera cinco veces las estadísticas del 2019 antes de la emergencia sanitaria del covid-19, fueron detenidas por los funcionarios del control fronterizo.
Asi mismo 220.000 personas han sido deportadas de manera masiva bajo el amparo del título 8 y el título 42, que forman parte de unas directrices antigüas, nuevamente puestas en vigencia durante la declaratoria de pandemia en el gobierno Trump.
La tan cacareada apertura de fronteras y flexibilización del flujo migratorio que hizo parte de uno de los anuncios de campaña del presidente Biden, se ha ralentizado y los nuevos anuncios del jefe de Estado norteamericano dan cuenta de un tope de hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragüa y Venezuela por mes, restringiendo este límite de personas a quienes tengan un patrocinador financiero que se encuentre en los EEUU, hayan superado una verificación de antecedentes y logren pasar una investigación de seguridad.
Por su parte el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido en aceptar también al mes en México a 30.000 migrantes que lleguen de los citados países y hayan sido devueltos por las autoridades migratorias de los Estados Unidos.
La situación genera una crisis humanitaria de enormes proporciones, en la que tanto migrantes como ciudadanos deben padecer las consecuencias, en cuanto la capacidad de atención a un número tan grande de personas ha superado todas las posibilidades de localidades fronterizas como ciudad Juárez, cuyos habitantes deben presenciar el drama de miles de personas deambulando desamparadas,con niños, algunos casi de brazos, sujetos a vivir en muchos casos de la mendicidad.
De otro lado, en medio del desespero, están las férreas medidas de control policivo por parte de las autoridades municipales, hacia una masa de población migrante angustiada, con hambre y sin saber que hacer al restringírsele pasar la frontera para solicitar el derecho al asilo.
De acuerdo a organizaciones que velan por los derechos humanos en México, el 2022 fue el año más trágico para los migrantes, en donde unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde este país hacia Estados Unidos.
Las críticas se hacen al gobierno mexicano en cuanto las medidas anunciadas por el jefe de Estado, de flexibilización y de busqueda de intermediación con el gobierno de los EEUU para hacer menos rígidos los impedimentos para el ingreso de migrantes al gran país del norte,no se han visto reflejadas en las medidas adoptadas de mayor restricción, con aumento de unidades de la fuerza pública mexicana en la frontera.
Entre las conclusiones que se pueden sacar es que los organismos de la ONU como la Acnur y los demás entes internacionales de carácter humanitario, se han quedado cortos para enfrentar esta crisis humanitaria migratoria, mientras que de parte de las grandes naciones receptoras de migrantes y de los gobiernos de los países de origen, ha faltado mayor voluntad política para invertir en iniciativas y proyectos de desarrollo social que den garantías para que los ciudadanos tengan muchas más oportunidades que les permitan seguir viviendo dignamente en sus países, sin tener que salir casi huyendo, arriesgando sus vidas, en busca de un mejor porvenir.