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En los pasillos donde deberían escucharse risas, a veces se respira miedo. El bullying —o matoneo escolar— dejó de ser un “juego pesado” para convertirse en una de las crisis silenciosas más graves del sistema educativo contemporáneo. No distingue estrato, religión ni tipo de institución. Ocurre en colegios públicos y privados, en grandes ciudades y en pequeños municipios. Y sus secuelas, muchas veces, no se borran jamás.
En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han reportado en los últimos años que aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes de secundaria afirma haber sufrido bullying en el entorno escolar. Las cifras incluyen acoso físico, verbal y, cada vez con mayor fuerza, ciberacoso. Este último ha crecido exponencialmente con el uso de redes sociales y plataformas digitales, trasladando el hostigamiento más allá del aula y extendiéndolo las 24 horas del día.
En América Latina, la situación no es menos alarmante. Informes regionales de organismos multilaterales indican que entre el 20 % y el 30 % de los estudiantes han experimentado algún tipo de intimidación sistemática. Países como México, Brasil y Colombia aparecen con indicadores preocupantes, especialmente en lo relacionado con agresiones verbales reiteradas, exclusión social y violencia psicológica.
En Colombia, el fenómeno ha tenido episodios que sacudieron a la opinión pública y pusieron en cuestión la capacidad institucional de prevención. Uno de los casos más recordados fue el de Sergio Urrego, estudiante de un colegio privado en Bogotá, cuyo suicidio en 2014 evidenció fallas graves en el manejo institucional del acoso y la discriminación. La investigación derivó en procesos disciplinarios y judiciales, así como en un debate nacional sobre la responsabilidad de los directivos docentes frente a la protección integral de los estudiantes.
A partir de ese caso, la Corte Constitucional emitió pronunciamientos que reforzaron la obligación de los establecimientos educativos de garantizar entornos libres de discriminación y violencia. La sentencia T-478 de 2015 marcó un precedente sobre el deber de proteger los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad dentro de las instituciones educativas.
Pero detrás de cada estadística hay un rostro.
Laura (nombre cambiado), estudiante de grado octavo en una institución pública del Valle del Cauca, comenzó a faltar a clases con frecuencia. “No quería volver. Cada vez que entraba al salón sentía que todos se iban a burlar”, relató su madre en una audiencia ante el comité de convivencia escolar. Los compañeros la llamaban por apodos relacionados con su aspecto físico y difundían fotografías editadas en grupos de mensajería. El resultado: ansiedad severa, trastornos del sueño y tratamiento psicológico prolongado.
En Medellín, otro caso documentado por autoridades educativas mostró cómo un estudiante de séptimo grado fue víctima de agresiones físicas reiteradas que inicialmente se minimizaron como “peleas entre niños”. Solo cuando el menor presentó lesiones visibles y una marcada caída en su rendimiento académico se activaron protocolos formales. Para entonces, el daño emocional ya estaba hecho: aislamiento social, depresión y pérdida de confianza en figuras de autoridad.
Los efectos del bullying no son superficiales. Investigaciones internacionales han demostrado correlación entre acoso escolar y mayores tasas de depresión, ideación suicida, bajo rendimiento académico y abandono escolar. En Estados Unidos, estudios longitudinales indican que las víctimas recurrentes presentan mayor probabilidad de padecer trastornos de ansiedad en la adultez. En América Latina, especialistas en salud mental advierten que el impacto se agrava en contextos de desigualdad social y violencia estructural.
El matoneo tampoco afecta únicamente a las víctimas. Los agresores recurrentes muestran mayor riesgo de conductas antisociales futuras si no se interviene de manera oportuna. Y los espectadores —la mayoría silenciosa del aula— pueden normalizar la violencia como mecanismo de poder y jerarquía.
En Colombia, la Ley 1620 de 2013 creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y obligó a todos los establecimientos educativos a implementar comités de convivencia, rutas de atención integral y protocolos claros frente al acoso. Sin embargo, la brecha entre la norma y la práctica persiste. Muchos casos no se denuncian por miedo a represalias o por desconfianza en la respuesta institucional.
Expertos en pedagogía coinciden en que el enfoque exclusivamente sancionatorio resulta insuficiente. La prevención exige formación socioemocional, capacitación docente, participación activa de las familias y canales confidenciales de denuncia. Implica también reconocer que el bullying no es un episodio aislado, sino un fenómeno relacional que se alimenta del silencio y la indiferencia.
Hoy, el aula es un espejo de la sociedad. Si en ella se normaliza la burla, la humillación y la exclusión, el costo lo paga toda una generación. El reto no es menor: transformar la cultura escolar para que la diferencia no sea motivo de agresión sino de aprendizaje.
Porque cuando un estudiante deja de asistir por miedo, cuando baja la mirada al cruzar el patio, cuando sufre en silencio mientras el grupo ríe, la escuela fracasa en su misión esencial: ser un lugar seguro para crecer.
El bullying no es una etapa inevitable de la infancia. Es una vulneración de derechos. Y combatirlo no es una opción pedagógica: es una obligación ética y legal.