Terremotos en Colombia y Venezuela revelan un peligro latente: cómo las fallas en materiales, la negligencia de constructores y la laxitud en el uso del suelo sepultan vidas. Imagen de destrucción por terremoto en Cali Getty Images.
Los recientes desastres naturales en el norte de Sudamérica han vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda.
Los terremotos no matan personas; los edificios mal construidos, sí. El devastador doblete sísmico del pasado 24 de junio en La Guaira (Venezuela) y el violento terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto con epicentro en el Chocó, que golpeó con fuerza a Cali, Pereira, Manizales y Quibdó (Colombia), no solo sacudieron la tierra.
Desnudaron una profunda crisis estructural, ética y administrativa en el sector de la construcción de ambos países.
Al observar los escombros de las estructuras colapsadas, la primera reacción pública sueler apuntar a la imprevisibilidad de la naturaleza.
Sin embargo, detrás de cada muro desplomado existe una cadena de omisiones técnicas que se distancia drásticamente de los estándares mínimos de ingeniería.
El colapso de decenas de edificios residenciales en estos departamentos —incluyendo el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó— tiene una relación directa con el uso de materiales deficientes, como cemento adulterado, arenas mal lavadas y acero con un millaje de resistencia inferior al requerido.
Edificios se vinieron al suelo en ciudades como Cali y Pereira. Personas voluntarias y rescatistas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado con el terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto © Santiago Saldarriaga / AP.
Estas fallas en los elementos esenciales debilitan la ductilidad de la edificación, transformando hogares en trampas mortales cuando las ondas sísmicas azotan el terreno.
Un análisis comparativo en la ciudad de Cali ilustra de forma irrebatible este argumento. Mientras el sismo provocaba el desplome total de estructuras de mediana altura en los sectores del sur de la ciudad, cobrando múltiples víctimas atrapadas, la icónica Torre de Cali —el rascacielos más alto de la capital vallecaucana— permaneció erguida, firme y sin sufrirg deterioros estructurales de consideración.
¿Por qué un coloso de más de 40 pisos resiste sin inmutarse mientras bloques residenciales más nuevos se vienen abajo?
La diferencia no radica en lah intensidad del movimiento telúrico, sino en el rigor técnico de su cimentación, la calidad impecable de sus materiales y el estricto respeto a los coeficientes de carga arquitectónica.
Esta disparidad desplaza el foco de atención hacia la responsabilidad penal y civil de los constructores.
En la búsqueda de maximizar los márgenes de ganancia, algunas empresas constructoras sacrifican la seguridad mediante el abaratamiento ilícito de los insumos. Sin embargo, el constructor no actúa solo en este entramado de negligencia.
El dedo acusador debe señalar con igual fuerza la alarmante falta de veeduría y la inacción de los interventores.
Las firmas de interventoría, cuya función legal y ética es actuar como los ojos técnicos del proyecto, han fallado de manera sistemática al firmar actas de conformidad sin realizar pruebas de laboratorio rigurosas sobre el concreto o las aleaciones metálicas empleadas en la obra civil.
A este panorama se suma la complicidad institucional de las administraciones locales. A través de políticas de ordenamiento territorial sumamente flexibles, muchas alcaldías han relajado las exigencias en los permisos de construcción y en los planes de ordenamiento territorial (POT).
Existen mapas de microzonificación sísmica y estudios geológicos avanzados que delimitan claramente cuáles suelos ofrecen un riesgo no mitigable para la edificación debido a fenómenos como la licuación o la inestabilidad de laderas.
Ignorar estos estudios científicos para favorecer la expansión urbana o ceder ante el cabildeo inmobiliario constituye una flagrante irresponsabilidad administrativa. Cuando un gobierno local permite levantar complejos habitacionales sobre terrenos inestables, firma por anticipado la sentencia de muerte de sus ciudadanos.
Edificio Jurel Playa Grande Estado de Vargas-Venezuela. Foto tomada de Facebook Mario Vallejo.
El luto que hoy embarga a las comunidades de La Guaira, Quibdó, Pereira, Manizales y Cali debe transformarse en una exigencia radical de justicia.
No basta con declarar emergencias nacionales o prometer subsidios de vivienda. Es imperativo judicializar penalmente a los constructores que escatiman en materiales, sancionar a los interventores negligentes que validan obras deficientes y remover a los funcionarios públicos que flexibilizan el uso del suelo.
Mientras la corrupción y la falta de control sigan fraguándose junto al cemento, las ciudades latinoamericanas continuarán sepultando su futuro bajo los escombros de la impunidad.