Dos menores de edad se encuentran entre las víctimas en Apurimac. Imagen de marcha de solidaridad con víctimas y sus familias. Foto de facebook.
Estado de emergencia en Perú fue declarado en momentos que se ha dado a conocer por diferentes medios extraoficiales el incremento de las víctimas tras las protestas, luego de la detención del jefe de Estado peruano Pedro Castillo, ocurrida el pasado 7 de diciembre y de la posesión de la nueva presidente Dina Boluarte.
Las manifestaciones que se han extendido a lo largo del territorio nacional peruano demandan el cierre del congreso,la liberación y restitución como presidente de Pedro Castillo, a quien consideran injustamente detenido y además el cambio de constitución con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente.
Asi mismo, hasta la ciudad de Lima han llegado manifestantes desde diferentes regiones que se han sumado al grueso de las marchas.
Según las versiones el número informado de siete fallecidos estaría por encima de ese estimado, hablándose de al menos 14 muertos, fuera de los heridos.
Cifra que según últimos reportes ya rebasa los 20 muertos, con un número de heridos que está por encima del centenar.
Por su parte la bancada parlamentaria del partido Perú Libre,ha responsabilizado al actual gobierno por la represión excesiva ejercida por la policía peruana.
Por su parte, el grupo de parlamentarios que ha respaldado a la presidente Boluarte ha defendido el uso de la fuerza en razón de los desmanes cometidos contra la propiedad pública y privada, como también la afectación a la libre movilidad de las personas en las carreteras y en las ciudades, muchas de las cuales se ha visto afectadas en sus labores cotidianas.
De forma multitudinaria la población peruana ha salido a marchar en las diferentes regiones. Foto de facebook.
El enconado debate en el parlamento ha hecho que se utilice el término de "terrorismo" por parte de algunos de los congresistas de los partidos de centro-derecha, el cual ha sido rechazado vehementemente por los congresistas de País Libre que han manifestado el peligro de estigmatizar el legítimo derecho a la protesta social de los ciudadanos, que se establece en la constitución peruana, refiriendo además la presencia de infiltrados en las marchas que con actos violentos buscarían desligitimar la protesta pacífica.
De otro lado,según declaraciones entregadas por la congresista Margot Palacios Huamán, los informes del instituto de salud pública indican que los muertos fueron impactados por proyectiles, por lo que se presume que los disparos corresponderían a armas utilizadas por fuerzas del Estado.
En lo concerniente al panorama internacional los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivía emitieron un comunicado conjunto en el que solicitan las garantías procesales plenas para Pedro Castillo.
De acuerdo a lo que afirma el comunicado, Pedro Castillo está siendo: “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y se pide que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.
Afirma además el comunicado de los cuatro mandatarios que:
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”.
El motivo que desencadenó el proceso judicial contra Castillo se dio apartir de un mensaje televisivo en donde anunció su voluntad de disolver el Congreso, reformar el sistema judicial y las instituciones del Estado, en lo que fue visto por el poder judicial, representado por la junta de fiscales en cabeza de la fiscal general Patricia Benavidez, por un sector de la opinión pública y por la oposición a su gobierno, como un golpe de Estado, hecho que lo condujo a ser arrestado.
Sin embargo, a pesar que la medida de suprimir el legislativo se contempla dentro de una de las causales de su destitución que argumentaría el rompimiento del orden constitucional, cabe anotar que el Congreso de Perú cuenta hoy con uno de los niveles más bajos de aceptación entre la mayoría de la población que actualmente exije su cierre y el llamado a nuevas elecciones legislativas.